Los investigados admiten la trama de Obras y pactan hasta 7 años de cárcel para el cabecilla

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Los investigados por la trama de Carreteras de Cantabria, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con el fiscal en la vista celebrada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que dirige las pesquisas, y cuya titular les había citado de nuevo a declarar.

Así, el ministerio público ha acordado con las defensas penas para los procesados de hasta siete años y un día de cárcel en el caso del principal encausado, el funcionario considerado cabecilla de la red, que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos. El resto de procesados serán condenados a entre uno y dos años de prisión.

Al 'jefe' de la red se le imputan delitos de fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un ilícito de falsedad en documento mercantil, y por los que deberá pagar además una multa de más de un millón y medio de euros. Inicialmente, se le atribuía también prevaricación, y se podría enfrentar hasta seis años de cárcel por cada uno de los delitos.

Las penas que finalmente se le impondrán se desprenden del escrito de conformidad, al que ha tenido acceso esta agencia, abordado y suscrito entre las partes esta jornada, en la que la jueza había llamado a tomar declaración -se han acogido a su derecho de no hacerlo- a los procesados que continuaban investigados en esta causa, destapada en febrero de 2023 y en instrucción hasta ahora.

De esta manera, la vista para el interrogatorio se ha transformado en un acto de conformidad del escrito, en el que a la hora de fijar las penas se han tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras reconocer todos los investigados la veracidad de los hechos imputados y consignar las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria, para reparar en su "integridad" el daño económico causado, cifrado en más de 1,6 millones de euros.

De este modo, la esposa del funcionario será condenada --de ratificarse la conformidad alcanzada en la vista que se convoque al efecto, dentro del procedimiento por el trámite del jurado iniciado en el marco de esta causa-- a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón (478.513 euros) por blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.

Asimismo, se han pactado dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho para el resto de procesados: el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa.

También deberán pagar una multa de 1.800 euros y serán inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad social por un plazo total de cuatro años.

Tras una vista anterior, la magistrada sobreseyó la causa respecto de la mercantil Servicios y Obras del Norte (SENOR), de su representante y de un trabajador de API Movilidad, y una de las hijas del matrimonio acusado dejó de ser considerada investigada y figuraba en la causa como partícipe a título lucrativo.

Además, a través del escrito al que ha accedido EP se procede el comiso definitivo de 957.027 euros con cargo a bienes o metálico trabados en las actuaciones a funcionario y su mujer y se cifra en más de 1,6 millones (1.623.257 euros) el perjuicio global generado al Gobierno de Cantabria por el fraude en la contratación, en la adjudicación irregular de obras en carreteras autonómicas (como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay), cuantía que en concepto de responsabilidad civil deberán abonar los acusados y de la que más de la mitad (749.648 euros) corresponde al funcionario.

También se declara la responsabilidad subsidiaria respecto de las personas jurídicas por la actuación de sus dependientes o representantes.