INCENDIOS. Francisco Glez-Riancho Colongues

Es cada vez más evidente que el llamado “Estado de las Autonomías” en España, lejos de ser un mecanismo de cohesión territorial y eficiencia administrativa, se ha convertido en un auténtico caos. Esta fragmentación, que en teoría debía acercar la gestión a los ciudadanos y respetar la diversidad regional, demuestra en la práctica sus carencias más graves cada vez que el país afronta una situación límite. Los recientes desastres —la DANA que ha dejado incomunicadas a comunidades enteras, los grandes apagones en infraestructuras críticas o los incendios forestales descontrolados— han puesto de relieve lo mismo: la falta de coordinación real entre administraciones autonómicas y el Estado. Cada comunidad actúa según sus competencias, sus recursos y en ocasiones incluso sus propios criterios políticos, sin que exista una dirección clara ni una respuesta unificada. Este mosaico de normas, protocolos y velocidades distintas desemboca en retrasos, duplicidades y, en definitiva, en que los ciudadanos queden desprotegidos en los momentos de mayor vulnerabilidad. El Estado de las Autonomías ha fomentado una dinámica de compartimentos estancos: carreteras, sanidad, emergencias, incluso la gestión de presas o montes... todo dividido, todo disperso, todo sometido a rivalidades territoriales. Cuando llega la catástrofe, el resultado es tan previsible como trágico: mensajes contradictorios, recursos que no se movilizan a tiempo y una sensación desesperante de vivir en un país donde la geografía política pesa más que las necesidades de quienes sufren las consecuencias. Es lógico reconocer que la descentralización tiene ventajas, como la cercanía institucional al ciudadano o la capacidad de adaptar políticas a realidades distintas. Pero también es honesto afirmar que, ante crisis de alcance nacional, este modelo se muestra débil, desarticulado y, en algunos casos, directamente inoperante. A nadie debería sorprender que gran parte de la ciudadanía perciba que el Estado de las Autonomías ya no responde a los desafíos del presente. En definitiva, lo ocurrido en los últimos meses demuestra que cuando España necesita actuar como un país único, se comporta como una suma de reinos de taifas incapaces de coordinarse. Y esa es, precisamente, la mayor debilidad de un sistema que nació con vocación de modernizar y unir, pero que hoy transmite cada vez más la sensación de fragmentación y caos.