El TS reitera al Gobierno que debe hacerse cargo de los menores de Canarias pese a los problemas invocados con las CCAA
El Tribunal Supremo (TS) ha reiterado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que debe hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo, al rechazar la petición del Ejecutivo de abrir un incidente de ejecución sobre las medidas cautelares ordenadas por el TS en ese sentido, donde la Abogacía del Estado invocaba problemas de coordinación con las comunidades autónomas.
Los Servicios Jurídicos del Estado, en nombre del Gobierno, solicitaron al alto tribunal abrir dicho incidente de ejecución alegando que para cumplir con las medidas cautelares acordadas el pasado 4 de junio se había topado con diversas circunstancias que, a su juicio, dificultarían el cumplimiento de las mismas. En concreto, adujeron dificultades relativas a la coordinación competencial con las comunidades autónomas y al consentimiento y custodia de los menores.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS lo rechaza reiterando "la plena vigencia y exigibilildad" de las medidas cautelares, que pasan dotar a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de las solicitudes de asilo de "los medios personales y materiales necesarios para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas" sin que pasen más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de solicitarlo y la formalización.
En esa misma resolución del 4 de junio, el Supremo también pedía que "se articule en la forma que resulte más eficaz la colaboración con Canarias mediante la puesta a disposición de la misma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional, con precisión del calendario de reuniones".
El Supremo dio este paso tras la vista celebrada el día 29 de mayo, al entender que en ella se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada originalmente el 25 de marzo pasado --para que el Gobierno se hiciera cargo de estos menores--, al no haberse evaluado a ninguno en los dos meses transcurridos entonces, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos.
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