Arranca el juicio al alcalde de Ribamontán al Monte por prevaricación

Se desarrollará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y el cambio de fechas -estaba señalado inicialmente para el pasado día 3- y ampliación de sesiones obedece a la práctica de la prueba, como el número de testigos citados.

El regidor regionalista se enfrenta a una pena de 15 años de inhabilitación que pide para él la Fiscalía por el citado ilícito, ya que se le imputan supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017 por importe cercano a los 20.000 euros.

La causa se abrió a raíz de la denuncia presentada un año después por el anterior equipo de Gobierno del PP, en base a informes en contra de la Intervención y reparos de ilegalidad de la secretaria municipal a dichos pagos.

Los 'populares', que calculan que el montante en cuestión asciende a más de 140.000 euros, están personados en el procedimiento y, al igual que la acusación fiscal, piden para Arco 15 años de inhabilitación especial -para empleo o cargo público- como presunto autor de un delito continuado de prevaricación.

Inicialmente había otros cinco concejales implicados en esta causa, pero se archivó su imputación por un error en el procedimiento ya que sus declaraciones tuvieron lugar una vez concluido el plazo de instrucción previsto en la ley. No obstante, desde el PP insisten en que la participación de los ediles "fue esencial para permitir las acciones del alcalde".

FACTURAS

En concreto, la querella hacía referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos tienen que ver con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

En su alegación, el regidor reconoció que ha "podido equivocarse" en la toma de sus decisiones, pero aseguró que "en ningún caso" lo hizo "a sabiendas de que estaba actuando injusta y arbitrariamente, sino desde el convencimiento de que procedía correctamente", recabando informes jurídicos y "sin que la secretaria del Ayuntamiento formulara reparo alguno durante un año y medio". Y destacó de ella su "afinidad con la oposición" y "una relación sentimental con un informático al que habían echado".