«RES PUBLICA». Por Juan Goti Ordeñana Catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid

Ahora nos gusta hablar de democracia, pero el término de mayor tradición, y el que usaron los romanos y nuestros clásicos fue el de «república», para indicar la función del Estado. Y aunque hoy los distinguimos, con alguna dificultad, por una deslucida interpretación, como formas de gobierno, cuando analizamos la historia y advertimos el sentido en el que se han usado, podemos sacar alguna enseñanza. Recordando a un clásico como Cicerón, en sus escritos políticos, ya advirtió que la administración del Estado no solía responder al sentido íntimo del término «res pública», al poner de manifiesto, cuando habla Escipión en su tratado de La república: «que nunca existió una república en Roma». Y para justificar esta afirmación considera, dando una breve definición de «república», que se trata de «una empresa del pueblo», y que Roma no se gobierna desde este punto de vista. Tema que nos puede extrañar porque siempre calificamos, a una época de la historia romana, como «república».

Y comentando este pasaje San Agustín dice: «si esta definición es verdadera, nunca ha existido una república romana, porque nunca ha sido empresa del pueblo, definición que él (Cicerón) eligió para la república. Define el pueblo, efectivamente, como una multitud reunida en sociedad por la adopción en común acuerdo de un derecho y por la comunión de intereses». Y algo así podemos aplicar a nuestros gobiernos, pues pocas veces vemos que se legisle en beneficio del pueblo, en la mayoría de los casos se viene a favorecer a ciertos poderes desconocidos y explotadores.

Siguiendo el razonamiento de Cicerón, podemos examinar qué es lo que se entiende por una administración del derecho, lo cual va exponiendo a través del diálogo citado, al tiempo que muestra que no se puede gobernar un pueblo sin justicia. Y afirma que donde no hay justicia, no puede haber tampoco derecho. Puesto que derecho y justicia son correlativos, y lo que se hace según derecho se hace como ejercicio de justicia. Y podemos preguntarnos: si la creación de muchas leyes es un ejercicio de la justicia. Pues entorpecen la acción de los ciudadanos, para privilegiar a no se sabe qué poderes.

En consecuencia, no deberían llamase derecho las decisiones injustas de los gobernantes, pues se llevan a cabo contra el interés del pueblo, especialmente si se realizan por intereses personales de no perder el puesto que representan o la nómina que cobran, y más, si se encuentran en contradicción, cuando los gobernantes sostienen que el derecho dimana de la fuente del poder. Pues es espuria la afirmación defendida, de hecho, por muchos políticos siniestros, que derecho es lo que reporta utilidad para los poderosos. Pues lo que es injusto es algo que se hace contra el derecho.

Por lo que, si aprobamos la definición, que Cicerón pone en boca de Escipión, donde se advierte que se debe legislar para lo que es «una empresa del pueblo», no puede haber en realidad, una república en sentido estricto, si no se dirige al bien de esa comunidad. Se tratará de otro sistema político de dictadura o tiranía, pero no de un pueblo organizado en república, o si queremos usar una locución más moderna en democracia. Ahora bien, si la república, Estado, es «una empresa del pueblo», y su regulación no responde al bien de la sociedad, no estamos en una república o democracia con derecho que responda a aquella comunidad, y cualquiera que sea su regulación no garantiza una situación de justicia. Y ya podríamos preguntarnos ¿si cuando se regula por intereses del gobernante, sin justicia para el pueblo, se trata de un verdadero derecho?

En este Gobierno encontramos muchas políticas que, se aprueban en nuestro país, que son claramente contra el bien de la sociedad, entre las que podemos citar: el invierno demográfico, que lleva una política contra el nacimiento de nuevos hijos, que es un grave problema. La tasa de natalidad en nuestra sociedad está a muy bajo nivel, por debajo de la pauta de recuperación de la población necesaria para la continuación de la nación. No se ha cuidado de una política para suplir esta emergencia, que ha seguido al descenso de los matrimonios. Son necesarias políticas que favorezcan la familia y la natalidad, y no sólo por razones económicas, sino, sobre todo, por un enfoque cultural.

Igualmente, se ha abandonado una regulación orientada a los jóvenes para que encuentren un adecuado asiento social con un empleo. Es significativo la falta de trabajo en esta juventud, uno de los mayores problemas de las naciones europeas, y de forma particular en nuestra nación. Por tanto, es contra la justicia no incentivar la acción legislativa, que fomente el empleo de la actual juventud, para que miren con optimismo la sociedad que tienen que elaborar.

En la historia, cuando se han ido agotando las culturas, se han dado corrientes migratorias, que han inaugurado nuevas culturas. Podemos pensar que estamos ante la necesidad de una renovación de la cultura europea, pero no se puede proceder aceptando indiscriminadamente flujos migratorios, que tendrían que comenzar con una formación desde cero, tema imposible cuando tenemos una civilización de alto nivel de investigación. Solucionar este problema constituye uno de los principales desafíos para esta sociedad española, cuando el presidente del Gobierno, inconsciente, ha abierto las fronteras para todo el que quiera venir. Es, una irresponsabilidad, cómo se han abierto las puertas a todas las oleadas de inmigrantes sin limitación alguna, lo que constituye una injusticia para los ciudadanos, que ven decaer su formación cultural y causan problemas de convivencia.

Tampoco, se puede decir, que se haya actuado con justicia al defender el cambio climático, como éste se entiende. La protección del medio ambiente es muy interesante, pero es necesario acoplar la transición ecológica con las características del país, no hundir la economía de nuestro campo, que hoy es la clase más débil, y la regulación para ser justa tiene que favorecerlos.

Las acciones del Gobierno deben estar siempre basadas en la justicia, ordenadas al desarrollo, en cuanto «empresa del pueblo», y lo que se legisla contra el pueblo es una actuación contra la república o democracia.